El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a acuerdo conciliatorio con Treacy Enterprises Inc., con sede en Maryland y dueño y operador de varias franquicias de Domino’s Pizza (Treacy Enterprises). El acuerdo resuelve la determinación del Departamento que Treacy Enterprises vulneró la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) al requerir que un trabajador no ciudadano de los EE. UU. proporcionara más documentos de los necesarios para demostrar su permiso para trabajar, aunque ya había presentado suficiente documentación.
“Mientras que los empleadores deben verificar el permiso para trabajar en los Estados Unidos de cada persona recién contratada, no pueden requerir documentos innecesarios o discriminar durante el proceso con base en el estatus de ciudadanía o la nacionalidad de origen de uno”, afirmó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “La División de Derechos Civiles seguirá luchando por quitar las barreras discriminatorias al empleo”.
La investigación del Departamento comenzó cuando un trabajador que es residente permanente legal se quejó que Treacy Enterprises estaba requiriendo que entregara documentación adicional e innecesaria para demostrar su permiso para trabajar en vez de aceptar la documentación válida que ya había presentado. El Departamento determinó que Treacy Enterprises había discriminado al trabajador al (1) exigir documentación adicional para demostrar que él podía trabajar en vez de aceptar los documentos válidos que el trabajador ya había entregado y (2) requerir que el trabajador demostrara su estatus de ciudadanía al presentar una Tarjeta de Residente Permanente (también conocida como “tarjeta verde”). Las leyes federales permiten a los trabajadores elegir los documentos válidos y legalmente aceptables que desean presentar para demostrar su identidad y permiso para trabajar, independientemente de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen. Los empleadores no pueden exigir documentos específicos o adicionales a los que son necesarios como parte de su proceso.
Conforme el acuerdo, Treacy Enterprises pagará una sanción civil a los Estados Unidos. Asimismo, el acuerdo requiere que la compañía capacite a su personal de recursos humanos en cuanto a los requisitos de la INA, que revise sus políticas de empleo y que se someta a los requisitos de supervisión y declaración del Departamento.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. Entre otras cosas, la ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión, prácticas documentales injustas y represalias e intimidación.
Para aprender más sobre la labor de la IER y cómo conseguir ayuda, vea este vídeo corto. Hay información disponible en el sitio web de la IER sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación a la hora de verificar el permiso para trabajar. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio, ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia