El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con General Motors (GM) que resuelve la determinación del Departamento que GM discriminó a no ciudadanos de los EE. UU., en contra de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el Departamento anunció la publicación de una nueva hoja informativa que ayudará a los empleadores a evitar la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía a la hora de cumplir con las leyes de control de exportaciones, las cuales gobiernan la capacidad de las empresas estadounidenses a exportar ciertos bienes y software, tecnología y datos técnicos. La investigación de GM que el Departamento realizó reveló que las infracciones de la compañía se debían, en parte, a no haber considerado adecuadamente los requisitos antidiscriminatorios de la INA en el momento de cumplir también con las leyes de control de exportaciones.
“Las leyes de control de exportaciones no justifican ni autorizan a un empleador a discriminar a no ciudadanos de los EE. UU., en contra de la ley de Inmigración y Nacionalidad”, afirmó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Cuando los empleadores cometen actos discriminatorios ilegales, la División de Derechos Civiles seguirá obligándoles a rendir cuentas de sus acciones. La División de Derechos Civiles está emitiendo una nueva hoja informativa que ayudará a educar a los empleadores y promover mayor cumplimiento con las leyes antidiscriminatorias en el futuro”.
Conforme los reglamentos y leyes de control de exportaciones, tales como los Reglamentos sobre el Tráfico Internacional de Armas y los Reglamentos para la Administración de Exportaciones, toda “persona en los EE. UU.” que está trabajando para una compañía estadounidense puede acceder a artículos sometidos al control de exportaciones sin la autorización del Gobierno de los EE. UU. En virtud de estas leyes, las personas en los EE. UU. incluyen a ciudadanos de los EE. UU., nacionales de los EE. UU., residentes permanentes legales, refugiados y asilados. Es posible que un empleador necesite la autorización del Departamento de Estado o el Departamento de Comercio para poder compartir o entregar artículos sometidos al control de exportaciones a trabajadores que no son “personas en los EE. UU.” Para confirmar si un empleador necesita pedir una autorización para un empleado para acceder a información sometida al control de exportaciones, puede que el empleador necesite obtener información sobre el estatus migratorio o de ciudadanía del trabajador para poder determinar si son una “persona en los EE. UU.” A este proceso se le llama una “evaluación del cumplimiento de exportaciones”.
La investigación del Departamento determinó que, al menos hasta septiembre del 2021, las evaluaciones del cumplimiento de exportaciones de GM requerían, de manera innecesaria, que residentes permanentes legales proporcionaran un pasaporte extranjero vigente como condición de empleo, lo que les impuso una barrera discriminatoria durante el proceso de contratación. Y al menos desde julio del 2019 hasta mayo del 2021, GM combinó, de manera incorrecta, su proceso para verificar el permiso de los trabajadores para trabajar en los Estados Unidos con su evaluación del cumplimiento de exportaciones, lo que tuvo el efecto de que GM requirió, de forma innecesaria, que no ciudadanos de los EE. UU. que fueran recién contratados proporcionaran documentos específicos e innecesarios para demostrar su permiso para trabajar.
Conforme el acuerdo, GM pagará una sanción civil a los Estados Unidos que asciende a $365,000. Asimismo, el acuerdo requiere que GM capacite a su personal en cuanto a los requisitos de la INA, que revise sus políticas de empleo y que se someta a los requisitos de supervisión y declaración del Departamento. En concreto, GM deberá separar su proceso de verificación del permiso para trabajar en los Estados Unidos de su proceso de evaluación del cumplimiento de exportaciones y dejar de requerir que los residentes permanentes legales presenten pasaportes extranjeros como condición de su empleo.
Por lo general, la disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores discriminen por motivos de ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen durante el proceso de contratación, lo que incluye la imposición de exigencias documentales innecesarias como condición de empleo. Asimismo, esta ley prohíbe que los empleadores pidan documentos específicos o más de los necesarios a la hora de comprobar el permiso para trabajar de un empleado por motivos de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen. Las leyes federales permiten a los trabajadores elegir los documentos válidos y legalmente aceptables que desean presentar para demostrar su identidad y permiso para trabajar, independientemente de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen. Tal y como se explica en la hoja informativa que se emitió hoy, estas obligaciones del empleador no cambian cuando uno tiene que cumplir con los reglamentos y leyes de control de exportaciones.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. Entre otras cosas, la ley, por norma general, prohíbe la discriminación con base en el estatus de ciudadanía y la nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; las prácticas documentales injustas; las represalias y la intimidación.
Para aprender más sobre la labor de la IER y cómo conseguir ayuda, vea este video corto. Para más información sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación en su cumplimiento con los requisitos de control de exportaciones, vaya al sitio web de la IER. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia