El Departamento ha conseguido más de $1.6 millones por concepto de sanciones civiles durante el último año
WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a otros diez acuerdos con compañías que usaron una plataforma de reclutamiento de una universidad para publicar anuncios de trabajo que, de manera ilícita, excluyeron a no ciudadanos de los EE. UU. Estos acuerdos son una adición a los acuerdos recientes del Departamento con otras 20 compañías que resuelven acusaciones similares, 16 de los que se remontan a junio del 2022 y otros cuatro a septiembre del 2022, lo que lleva a una sanción civil total para los 30 empleadores de más de $1.6 millones.
“EL Departamento de Justicia ya ha hecho a 30 compañías rendir cuentas tras usar una plataforma universitaria de reclutamiento para publicar anuncios de trabajo discriminatorios que excluyeron a estudiantes no ciudadanos de los EE. UU. de oportunidades laborales”, afirmó la Fiscal General Auxiliar Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles. “Estos acuerdos deben dejar claro nuestro compromiso a hacer cumplir las leyes de derechos civiles, con el fin de garantizar que todo postulante tenga la igualdad de oportunidades para competir para trabajos”.
La intervención del Departamento en estos asuntos comenzó después de que un estudiante de Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), que para aquel entonces era residente permanente legal, presentó una denuncia de discriminación ante la División de Derechos Civiles. El estudiante alegó que el anuncio de un banco en una plataforma de reclutamiento laboral de Gerogia Tech restringió la oportunidad para prácticas laborales que había publicado solamente a ciudadanos de los EE. UU. La investigación del Departamento halló toda una serie de anuncios discriminatorios en la plataforma de reclutamiento laboral de Georgia Tech, así como en otras plataformas operadas por universidades por todo Estados Unidos.
El Departamento encontró que cada uno de los diez empleadores con los que ha llegado a un acuerdo publicaron al menos un anuncio de trabajo que excluyó a no ciudadanos de los EE. UU. en una plataforma de reclutamiento laboral operada por Georgia Tech. El Departamento determinó que los anuncios desalentaban a estudiantes cualificados de solicitar un trabajo debido a su estatus de ciudadanía, y en muchos casos las restricciones relacionadas con el estatus de ciudadanía también impedían que los estudiantes solicitaran un puesto e incluso obstaculizaron la posibilidad de reunirse con reclutadores de la empresa.
Al igual que los 20 que les precedieron, estos nuevos acuerdos requieren que cada compañía pague una sanción civil. El monto total de la sanción de cada empleador se basa en el número de anuncios discriminatorios que publicó.
Empleador | Monto de la sanción | |
1. | Asurion LLC | $13,395 |
2. | Black & Veatch Corporation | $8,930 |
3. | Deluxe Corporation | $183,065 |
4. | Freese & Nichols Inc. | $4,465 |
5. | Grey Orange Inc. | $13,395 |
6. | Honeywell International Inc. | $191,995 |
7. | Procter & Gamble | $8,930 |
8. | Georgia Tech Research Institute | $31,255 |
9. | Stryker Employment Company LLC | $4,465 |
10. | Wiley Bros. | $4,465 |
TOTAL | $464,360 |
Además de pagar las sanciones civiles, el personal de reclutamiento de los empleadores deberá participar en una capacitación sobre la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y abstenerse de incluir designaciones específicas de estatus migratorio o de ciudadanía en sus anuncios de trabajos en las universidades a menos que tales restricciones sean requeridas por ley.
Por lo general, la INA prohíbe que los empleadores y reclutadores restrinjan puestos de trabajo con base en la ciudadanía o el estatus migratorio a menos que así lo requiera una ley, un reglamento, una orden ejecutiva o un contrato gubernamental. Los ciudadanos estadounidenses, nacionales de los EE. UU., refugiados, asilados y residentes permanentes legales están protegidos bajo la INA de discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía en los procesos de contratación, despido y reclutamiento o recomendación por comisión.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias e intimidación.
Para aprender más sobre la labor de la IER y cómo conseguir ayuda, vea este vídeo corto. El sitio web de la IER tiene información sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía en la contratación y el reclutamiento. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio, ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia